La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013) fue aprobada el 13 de diciembre de 2013, con un triple objetivo:

• Incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública.
• Reconocer y garantizar el acceso a la información.
• Establecer las obligaciones que deben cumplir los responsables públicos de un buen gobierno, así como las consecuencias jurídicas de su incumplimiento.

En su capítulo II la ley obliga a las entidades a publicar, de forma periódica, y actualizada, la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad. Esta información ha de ser publicada en las sedes electrónicas y páginas web de manera clara, estructurada y entendible por los interesados.